Presenta iniciativa para incorporar el proceso de ratificación de mandato en la Constitución

* Se busca que, el presidente así como las y los gobernadores puedan solicitar ser evaluados durante su tercer año de gobierno
* La ciudadanía valorará su desempeño y, de ser favorable, ratificará su continuidad o, de lo contrario, serán revocados de su encargo
* Se necesita una nueva generación de buenas y buenos políticos, así como de futuras y futuros presidentes comprometidos con las y los ciudadanos

Con el propósito de fortalecer la democracia participativa directa en México, Laura Imelda Pérez Segura, Diputada Federal por Morena, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución, a fin de incorporar el principio de ratificación de mandato.

Redacción

La Carta Magna y el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2019 – 2024 -explicó- contemplan ya la revocación de mandato y la consulta popular, elementos de un verdadero régimen democrático que permiten a la población involucrarse de manera más activa en la toma de decisiones del país.

“Es importante que desde la Constitución se sigan fortaleciendo las vías de participación ciudadana y se sigan incorporando nuevos mecanismos, como lo es la ratificación de mandato”, consideró la representante popular por el Distrito 16, con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Una democracia participativa, dijo, requiere de un marco normativo sólido que brinde a la población el derecho para ratificar un mandato cuando prevalezca la buena actuación y, el buen actuar de la o el presidente de la República o de los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas.

“Al igual que la revocación de mandato -precisó- sería un mecanismo idóneo para fortalecer la rendición de cuentas y que la o el gobernante ejerza sus funciones a plenitud, con el compromiso de someterse por voluntad propia a una evaluación ante la ciudadanía y, de estar conformes con la forma en que gobierna, ratifiquen su encargo o, de lo contrario, ser motivo para que deje el ejercicio de sus funciones”.

Laura Imelda Pérez Segura aclaró que a diferencia de la revocación de mandato, la presente iniciativa busca que sea la o el propio presidente de México, así como las y los gobernadores estatales, quienes se puedan someter a un ejercicio de evaluación democrática durante su tercer año de gobierno.

En este sentido, la Diputada Federal por Jalisco propone que, el proceso de ratificación de mandato de la o el presidente de la República sea convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE), a petición de la o el mandatario federal.

De esta forma, la ratificación permitirá que la o el titular del Ejecutivo confirme su compromiso moral, ético y político con la ciudadanía, “al ser un mecanismo voluntario, quien lo solicite, al tiempo de ejercer su derecho, estará reafirmando su lealtad y patriotismo con el país, tal y como lo protestó el día en que asumió el cargo”.

Se necesita una nueva generación de buenas y buenos políticos, así como de futuras y futuros presidentes, que estén comprometidos con las y los ciudadanos, pues como lo dice bien el refrán: “El que nada debe, nada teme”.

Presenta iniciativa de reforma al Código Penal Federal para tipificar y sancionar a responsables de “montachoques”

* Para atender esta problemática de forma eficiente, es necesario herramientas legales que clasifiquen debidamente este tipo de delitos
* Este acto criminal no está debidamente tipificado, por lo que los ministerios públicos no cuentan con métodos legales para catalogar debidamente este delito
* Con esta reforma, las víctimas no estarán solas; las autoridades deberán respaldarlas y quienes incurran en esta práctica criminal ya no quedarán impunes
Redacción 

Laura Imelda Pérez Segura, Diputada Federal por Morena, presentó una iniciativa de reforma el Artículo 390 del Código Penal Federal, con el propósito de tipificar y, en su caso, sancionar a quienes resulten responsables de los denominados “montachoques”.

Sobre esta iniciativa, Laura Imelda Pérez Segura consideró que con esta enmienda legislativa se buscará ayudar a garantizar la seguridad vial e integridad física de la población que circula por las distintas ciudades del país.

“Seguridad e integridad que se han visto vulneradas por una nueva modalidad del delito de extorsión, conocida como ‘montachoques’, que lejos de disminuir han aumentado no sólo en la Ciudad de México sino en otros estados del territorio nacional”, advirtió.

La representante popular por el Distrito 16, con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mencionó que el modus operandi consiste en provocar deliberadamente una colisión vehicular para que, “bajo persuasión, amenazas, agresión física o daño a la propiedad, se culpe a la víctima de ser el responsable y que, con ello, entregue cierta cantidad de dinero para así evitar ser agredidos”.

La Diputada Federal Laura Imelda Pérez Segura señaló que pese a las acciones disuasivas de las autoridades, los delincuentes han actualizado sus métodos de extorsión, por lo que es necesario establecer herramientas legales que clasifiquen este tipo de fechorías,

“Actualmente no está debidamente tipificado en nuestro Código Penal y, al pretender denunciar el delito, las víctimas encuentran que los ministerios públicos no cuentan con métodos legales adecuados para poder catalogar el mismo. Debe tipificarse de forma clara para una correcta clasificación en los códigos penales de las diferentes entidades del país y, con ello, obtener penas precisas para este acto delictivo”. 

Por ello, destacó “la presente iniciativa tiene como objeto reformar el Artículo 390 del Código Penal Federal, para considerar dentro del delito de extorsión a quien, de manera premeditada, por medio de conducta dolosa, ocasione un siniestro vial con la finalidad de obtener un lucro, simulando ser víctima del hecho de tránsito generado, tomando como mecanismos de alevosía y ventaja, los lineamientos que marcan los distintos Reglamentos de Tránsito”.

Asimismo, señaló que de esta manera se dará un paso importante en la seguridad vial, porque las y los ciudadanos podrán contar con el respaldo de la autoridad y con herramientas legales, sin riesgo de que las personas que incurran en esta práctica criminal queden impunes.

La legisladora mencionó que refrenda su compromiso con la ciudadanía, a fin de promover la conjunción de esfuerzos a favor de quienes hoy resultan víctimas de la extorsión por ausencias o huecos legales que pueden ser subsanadas a través de reformas como la propuesta actual.

Se incrementa en 128.57 por ciento casos de feminicidios en Jalisco, en lo que va de la presente administración

* La legisladora federal presentó un Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno local a implementar, desarrollar y reforzar estrategias, así como políticas públicas pertinentes que garanticen la seguridad de las mujeres
* Es la tercera entidad del país con más feminicidios: 64 casos registrados en los primeros 11 meses de 2021 en contraste con los 28 denunciados en 2018, cuando asumió la gubernatura Enrique Alfaro Ramírez
Redacción

Desde la máximatribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Diputada Federal por Morena Laura Imelda Pérez Segura presentó un Punto de Acuerdo para que el gobierno del estado de Jalisco implemente, desarrolle y/o refuerce las estrategias y políticas públicas pertinentes que garanticen la seguridad de las mujeres.

La representante popular por el Distrito 16, con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, precisó que el preocupante aumento de casos de feminicidios en la entidad, generado por las ineficientes políticas públicas “no sólo duele, sino lastima, a todas y cada una de las mujeres de la entidad a la cual pertenezco y represento”.

Alertó que las cifras y las denuncias, lo evidencian y la impunidad lo agrava.

Informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubican a Jalisco como la tercera entidad con más feminicidios, con 64 casos registrados en los primeros 11 meses del año 2021, lo que representa un incremento del 128.57 por ciento respecto al mismo periodo de 2018, cuando Enrique Alfaro Ramírez tomó posesión como gobernador.

“La administración estatal actual, que debería ser el principal órgano responsable de garantizar una vida libre de violencia contra la mujer en todas sus formas, hoy se convierte en un agresor más al ejercer violencia institucional sistemáticamente contra la mujer jalisciense”, consideró.

Hoy, en Jalisco, “existe una espiral de violencia que pone en evidencia la falta de políticas públicas que protejan y garanticen una vida libre de violencia a las mujeres, a lo cual se agrega un componente más: el de la impunidad”.

A lo anterior se agregan las conclusiones del “Informe Impunidad en homicidio doloso y feminicidios en México 2020”, de la Organización Civil Impunidad Cero que señala que: “Nueve de cada 10 mujeres víctimas de feminicidio no encuentra justicia. Convirtiéndose, así, en el tercer estado con mayor impunidad en todo el país en materia de feminicidios”.

Ante tal situación, Laura Imelda Pérez Segura consideró necesario la integración de programas interinstitucionales para reducir este tipo de delitos, así como elevar la calidad y atención hacia las víctimas.

El gobierno del Estado -señaló- en lugar de estar gastando en publicidad y en consultas que no consultan, debería de atender esta que es una de las problemáticas más sensibles para la sociedad de Jalisco.

La Diputada Federal Laura Imelda Pérez Segura refrendó así su compromiso por la suma de esfuerzos desde el Poder Legislativo por una procuración de justicia pronta y expedita y por la defensa de las mujeres de Jalisco y de México.

Abre sus puertas la Casa de Atención Ciudadana en Tlaquepaque Centro

Redacción

Laura Imelda Pérez Segura, Diputada Federal por MORENA, informa que a partir de hoy quedan abiertas las puertas de su Casa de Atención Ciudadana en calle Porvenir, número 157, en Centro de San Pedro Tlaquepaque.

Al encabezar una jornada de volanteo por calles de la localidad, dio a conocer los horarios y servicios que se brindarán en estas instalaciones: De 10:00 am a 4:00 pm, de lunes a sábado, o a través del teléfono 3328864116 o del número WhatsApp 3321632727, para solicitar información y obtener:   

  • Gestiones ciudadanas.
  • Orientación para la incorporación a programas sociales.
  • Asesoría legal.
  • Actividades recreativas.
  • Orientación nutricional.

Como representante popular por el Distrito 16, con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, indicó, “nos debemos a las ciudadanas y ciudadanos, con quienes tenemos el compromiso de mantenernos cerca, de escuchar y, sobre todo, atender sus necesidades desde el ámbito de nuestras competencias”.

La Diputada Federal Laura Imelda Pérez Segura refrendó así su compromiso de hacer lo necesario desde el Poder Legislativo para el bienestar de las y los jaliscienses.

Diputada y diputado federales socializan con la sociedad jalisciense los beneficios de la Reforma Eléctrica

* El Presidente de México envió a la Cámara de Diputados una reforma constitucional en materia eléctrica con la finalidad de poner orden y detener los saqueos a la industria eléctrica
* La presente reforma contempla fortalecer a la CFE para generar electricidad con precios justos para beneficio de los sectores más vulnerables del país
Redacción

Al informar a la sociedad tlaquepaquense sobre los beneficios de la Reforma Eléctrica, la diputada federal por MORENA, Laura Imelda Pérez Segura destacó que, en este proceso de transformación nacional, el rescate energético de México se logrará con la construcción de un nuevo modelo que además de combatir la corrupción, retome el control del sistema eléctrico en el país.

Acompañada de los diputados federales Aleida Alavez Ruiz, Vicecoordinadora de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados; Alberto Villa Villegas, así como el Ing. José de Jesús Borrayo Sánchez, Gerente Divisional de la CFE, Distribución Jalisco, la legisladora Laura Imelda Pérez Segura sostuvo que con la presente reforma se pretende devolver el control del sector eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En este ejercicio informativo, en el cual se cuidaron todos los protocolos de higiene, las y los legisladores explicaron a los asistentes los puntos medulares que presenta esta iniciativa para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de México que contempla, entre otros aspectos, lo siguiente:

  1. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) generará al menos el 54 por ciento de la energía eléctrica que requiere el país, mientras que el sector privado participará hasta en el 46 por ciento.
  2. La CFE determinará las tarifas de las redes de transmisión y distribución, así como las tarifas para usuarios finales.
  3. Desaparecerán los contratos de autoabastecimiento y las grandes cadenas comerciales y tiendas de autoservicio tendrán que adquirir la energía a la CFE.
  4. Dejarían de operar la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía; mientras que el Centro Nacional de Control de Energía, pasará a formar parte de la CFE.

Asimismo, corresponderá al Estado intervenir y explorar los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio.

“Esta reforma significa consolidar el compromiso del presidente de México para fortalecer a la CFE y generar precios justos de electricidad en beneficio del pueblo,  pero también para no depender de otros países, generar nuestra propia energía y, desde luego, impulsar el desarrollo social y el bienestar de todas y todos”, indicó durante su mensaje de bienvenida.

La representante popular por el Distrito 16 con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, indicó que el acceso a la energía eléctrica es un derecho fundamental para tener una vida digna, tan necesaria como el acceso al agua, a la alimentación o la salud.

Expuso que esta iniciativa propone reformas que contribuirán a fortalecer la soberanía energética y será competencia de la CFE brindar un servicio de calidad a bajo costo.

“No se expropia la luz, se nacionaliza, pues la reforma garantiza que las empresas privadas tengan una participación con respeto a sus inversiones. La CFE invertirá en energías renovables a través de la modernización de sus plantas hidroeléctricas, fotovoltaicas y de ciclo combinado que utilizan gas natural”, indicó.

Laura Imelda Pérez Segura detalló que con la Reforma Eléctrica en México se reafirma el compromiso de la Federación al establecer en la Constitución la protección del medio ambiente con apego a tratados internacionales de transición energética, ya que se impulsará una mayor generación de electricidad con la promoción en el uso de energías limpias y renovables.

“Esta acción de socialización es trascendental. Nos comprometimos a legislar con ustedes e informar a las y los ciudadanos sobre nuestras acciones. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo”, mencionó la legisladora.

Durante su intervención el Diputado Alberto Villa Villegas, recalcó que “los presidentes que antecedieron al mandatario Andrés Manuel López Obrador provocaron la decadencia de la CFE y sólo la utilizaban en la mitad de su capacidad para generar electricidad, lo que se traduce en una subutilización de sus plantas de energía y reiteró: es urgente rescatar el sector eléctrico en México”.

Al intervenir el Ing. José de Jesús Borrayo Sánchez, Gerente Divisional de la CFE, Distribución Jalisco, detalló que la CFE atiende 46 millones de activos por lo que esta dependencia está comprometida con el crecimiento del país. “La CFE es rentable, no generará aumentos en las tarifas y, de aprobarse la presente reforma, se impulsará el fortalecimiento de la transición energética. Se cumplirán las metas y los tratados internacionales con los cuales nuestra nación tiene compromisos en materia de medio ambiente y cambio climático”.

En este evento -donde también asistieron diputadas y diputados locales y federales, regidoras y regidores; así como presidentes municipales de municipios conurbados de Guadalajara- la Diputada federal Aleida Alavez Ruiz, Vicecoordinadora de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados, aseguró que los trabajos para concretar la Reforma Eléctrica se vienen analizando y detallando desde pasadas legislaturas con el único objetivo de defender la soberanía energética de México.     

Evidencia Cuenta Pública 2019 la consolidación de un cambio verdadero en México

* Sin corrupción, sin despilfarro y con una perspectiva social, el bienestar se alcanza, aseguró
* Este dictamen demuestra que es posible la reorientación del marco económico y político, para disminuir las brechas económicas, sociales y culturales
* Desde MORENA combatiremos la impunidad y el mal manejo del dinero del pueblo
Redacción

Laura Imelda Pérez Segura, Diputada Federal por Morena, destacó que la Cuenta Pública 2019 evidencia de forma clara y concisa el proceso de transformación por el que atraviesa México en estos momentos: Combate a la corrupción, uso correcto de la austeridad, rendición de cuentas y transparencia, como base para la construcción de un Estado de Bienestar.

Desde la tribuna del pleno de la Cámara de Diputados, advirtió que el dictamen relativo a la Cuenta Pública Federal 2019 “ilustra la correcta gestión financiera y el uso eficiente de los recursos destinados a la política social, como elementos indispensables para la consolidación del cambio verdadero en el país, a través de la Cuarta Transformación”.

¡MORENA cumple sus compromisos! Resaltó la representante popular por el Distrito 16 con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al destacar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación: “De los 5 billones 814.4 mil millones de pesos que representó el gasto neto total en el 2019, el gobierno federal sólo tiene que solventar el 0.9%. Clara muestra del compromiso que desde nuestro gobierno tenemos con la transparencia”.

La Diputada Federal Laura Imelda Pérez Segura consideró que “hemos cumplido en esta materia, y hemos superado las expectativas en el área de ingresos en 2019, los cuales ascendieron a 5.384 billones de pesos, superior en 86 mil 796 millones a lo previsto en la Ley de Ingresos de ese año, 7.3% más en términos reales respecto al año inmediato anterior”. 

Otro logro, en beneficio de la sociedad, añadió, es del combate a la evasión y elusión fiscal, porque ha permitido el no aumento ni creación de nuevos impuestos. Ese año, también se disminuyó el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, “algo que ni en sueños se tuvo con los gobiernos del PRI y del PAN”.

Ante legisladoras y legisladores de la oposición, señaló: “Déjenme decirles que aquí tienen pruebas de que sin corrupción, sin despilfarro y con una perspectiva social, el bienestar se alcanza. Este dictamen demuestra dos cosas, que ustedes solamente hablan sin sustento alguno y la evidencia lo respalda. Ustedes son solamente sicofantes de la política, que se sirve solamente de la calumnia y la mentira para poder sobrevivir”.

Y la segunda, “es que hemos demostrado que es posible realizar una reorientación de todo un marco económico y político para destinar los recursos a disminuir las brechas económicas, sociales y culturales de las y los mexicanos. Ustedes no alcanzaban este propósito, simplemente, porque no se encontraban al servicio del pueblo sino al de sus intereses”.

“Desde el grupo parlamentario de MORENA daremos puntual seguimiento a los hallazgos que desde la Auditoría Superior de la Federación se detectaron, no permitiremos la impunidad ni el mal manejo del dinero del pueblo”, aseguró la legisladora al refrendar el compromiso con la ciudadanía a fin de promover la conjunción de esfuerzos en favor de la transparencia y rendición de cuentas en materia presupuestal.

Pretende INE someter a Cámara de Diputados a través de una controversia constitucional

* Las y los consejeros electorales intentan atropellar y violar el espíritu de la fracción IV del Artículo 74 de la Carta Magna, a fin de obtener más dinero para 2022
* ¡Su controversia es improcedente! ¡Ya no más derroche, no más lujos y ya no más privilegios! Aseguró
Redacción 

Laura Imelda Pérez Segura, Diputada Federal por Morena, alertó que el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende someter, a través de una controversia constitucional, a la Cámara de Diputados y pasar por encima de su facultad exclusiva para definir y aprobar el Presupuesto de Egresos de 2022.

Al solicitar la palabra, desde su curul en el recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro advirtió que, “con su afán de obtener 5 mil millones de pesos más para el ejercicio fiscal del próximo año, quienes integran el INE intentan, por la vía judicial, atropellar y violar el espíritu de la fracción IV del Artículo 74 de la Carta Magna”.

Las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral “no les ha quedado claro que ¡Por el bien de todos, primero los pobres! Que en los últimos tres años, en esta etapa nueva en México, vivimos tiempos de sana administración, que ahora hay que ahorrar y vivir en la justa medianía de la republicana práctica de austeridad”.

La representante popular por el Distrito 16, con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, consideró que se ostentan como autoridad electoral, “siguen aferrados a ser la burocracia dorada de un régimen caduco que se niega a morir, pero que se va a extinguir, porque ya no hay viabilidad para más de lo mismo”.

Se puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e interponer un recurso legal, pero en los nuevos tiempos que vive México -aclaró- “ante el  imperativo ético de la política que vivimos, lo único que tienen seguro es el repudio de la gente, por tener a un órgano electoral que es de los más costosos del mundo, que no defiende la democracia sino intereses de quiénes los acomodaron en sus puestos”.

¡Su controversia es improcedente! ¡Ya no más derroche, no más lujos y ya no más privilegios! Aseguró la Diputada Federal por Morena al refrendar su compromiso legislativo por la conjunción de esfuerzos a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana.

Presenta iniciativa que evite legisladores federales y locales con antecedentes de violencia familiar, doméstica o género

* La probidad, debe ser el requisito para ser autoridad electa o funcionario; no deben existir agresores ejerciendo cargos públicos al amparo de la Ley
* Se han promovido entre partidos y candidatos acciones como “He for she” y “3 de 3 Contra la Violencia”, pero se requieren mecanismos jurídicos vinculantes
Redacción

Laura Imelda Pérez Segura, Diputada Federal por MORENA, suscribió en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma para garantizar que la sociedad mexicana no esté representada legislativamente por quienes hayan incurrido en violencia familiar, doméstica­ o de género en el ámbito privado o público.

Se busca que las y los representantes populares federales y estatales sean personas capaces, con calidad moral y la población se sienta verdaderamente representada, destacó.

“La probidad, debe ser el requisito de elegibilidad”, porque -explicó- no basta con comprometerse con la igualdad y la vida libre de violencias, “sino ser congruentes en la vida cotidiana. Hoy, lo personal es político, y no se debe permitir agresores ejerciendo cargos públicos al amparo de la Ley”.

La impunidad no puede seguir gestándose en las instituciones, debe de ser erradicada, subrayó la representante popular por el Distrito 16, con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Esta iniciativa propone reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) para que sea requisito de elegibilidad al cargo legislativo federal o estatal “no haber sido condenados o sancionados por violencia familiar, doméstica o agresión de género en el ámbito privado o público”, así como por delitos sexuales, contra la libertad sexual, intimidad corporal, y ser deudor alimentario moroso.

Se contempla -en un artículo transitorio- que los congresos locales de las 32 entidades del país, adopten estas disposiciones para quienes pretendan contender por un cargo de representación local.

Laura Imelda Pérez Segura mencionó que ha habido intentos importantes desde el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los partidos políticos asumieran este compromiso, como la propuesta de adhesión a la campaña de “He for she” promovida por ONU Mujeres en el contexto del proceso electoral 2017-2018 y que consistían en:

Promover los derechos de las mujeres en sus plataformas políticas; capacitar a sus candidatos en materia de no discriminación; garantizar la paridad de género en sus órganos directivos; impulsar mecanismos de prevención frente a la violencia dentro de sus organizaciones, y verificar que, en las campañas electorales, las mujeres tuvieran acceso a recursos en igualdad con los hombres.

También, agregó, el INE con la denominada “3 de 3 Contra la Violencia” sólo pudo llevar a cabo una revisión muestral en mil 177 personas candidatas, y se concluyó que únicamente tres contaban con elementos suficientes para acreditar el cumplimiento.

La autoridad electoral indicó varios factores que impidieron que tuviera éxito en el proceso electoral pasado: Se adoptó iniciado el proceso electoral; no se contaban con bases jurídicas para solicitar información del tema a otras instituciones; no había la obligación legal de homologar registros, y no existían bases de datos para que el INE determinara negar o cancelar el registro de alguna candidatura.

“¡Hay avances, pero no el éxito esperado!” Por lo que resulta indispensable reforzar su mecanismo de actuación y otorgar garantías jurídicas, para que su aplicación sea correcta, vinculante y genere un cambio cultural de fondo. “Hay mucho camino por andar todavía para erradicar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en el ámbito de la política”, advirtió la diputada federal por MORENA.

Una simulación la consulta popular del gobernador de Jalisco

* Sólo busca saber si se revisan o no los términos del pacto fiscal; dejaría a discreción del gobierno local la decisión de intentar salirse o no del pacto fiscal
* El Artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal dicta que el Congreso Local debe autorizar salirse o terminar el convenio de adhesión de Jalisco y la SHCP al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
Redacción

Laura Imelda Pérez Segura, Diputada Federal por Morena, aseguró que la consulta popular convocada por el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, es solamente una simulación.

La representante popular por el Distrito 16, con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, explicó:

1.- Ante la inconstitucionalidad que suponía la pregunta inicial para determinar “continuar o salirse del pacto fiscal”, se modificó por “revisar cada seis años los términos de la coordinación fiscal y la forma en que la Federación distribuye los impuestos”.

Ello implica una simulación, porque “sólo se está consultando si se revisan o no los términos del Pacto Fiscal y dejaría a discreción del gobierno estatal la decisión de intentar salirse o no del pacto fiscal”.

2.- La nueva pregunta trastoca el Artículo 35 constitucional, porque los ingresos, el gasto y el Presupuesto de Egresos de la Federación no pueden ser objeto de consulta popular.

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:… VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:.. 3o.No podrán ser objeto de consulta popular… el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación…

3.- El Artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal dicta que el Congreso Local es el único que debe autorizar salirse o terminar el convenio de adhesión de Jalisco y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Artículo 10. – Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que establezca esta Ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura.

Lo anterior, alertó la legisladora federal, “muestra que el gobernador Enrique Alfaro pretende —una vez más— tomar más atribuciones de las que realmente tiene, y recurre a un discurso tramposo al acusar que la Federación le regresa dos de cada 100 pesos a Jalisco”.

Cuando acusa que Jalisco aporta ocho de cada 100 pesos al Producto Interno Bruto (PIB), y el gobierno federal únicamente le regresa dos de esos ocho pesos, “asume erróneamente que todo lo que produce el país en un año, es lo que el gobierno federal tiene para distribuir mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación”. Nada más alejado de la realidad:

“Sobre la distribución de los recursos a través del Pacto Fiscal, se tiene que considerar lo que Jalisco aporta a la recaudación fiscal, que en 2019 fue del 3.4 por ciento del total. Es decir, la entidad aportó ese año 110 mil 017.2 millones de pesos, que llevada a pesos del 2022 sería del orden de 124 mil 029.6 millones de pesos, apenas menor en un 2.98 por ciento en comparación con lo que Jalisco -en su Ley de Ingresos para el 2022- pretende obtener por parte de la Federación que asciende a 120 mil 334.37 millones de pesos”.

Si a ese monto se suman los recursos que se ejercerán mediante los programas de subsidios y proyectos de inversión, y los correspondientes a los proyectos en la cartera de inversión de la SHCP y aquellos que llegan por medio de los programas sociales federales, recibirá recursos de la Federación por un monto de 128 mil 005.97 millones de pesos, sin contar los que se ejercen en materia de seguridad, salud y educación a través de instituciones federales en la entidad.

¡Que quede claro! resaltó la diputada federal Laura Imelda Pérez Segura: “los recursos de las y los ciudadanos de Jalisco son utilizados en Jalisco y prueba de ello es que en la entidad hay más de 1 millón 429 mil beneficiarios de al menos un programa social federal, como Pensión para Adultos Mayores, Becas Benito Juárez, Pensión para Personas con Discapacidad, entre otros”.

Reiteró que la consulta que realiza el gobernador Alfaro Ramírez “es una simulación” con el propósito de posicionarse políticamente. Este ejercicio “ni siquiera contempla un método que evite la duplicidad de votos; la tinta ‘indeleble’ se borra a las pocas horas; hay acoso y presión a las y los servidores públicos del estado para promover y votar en sentido positivo de la consulta que costará 29 millones de pesos; 6.5 millones más de lo presupuestado inicialmente”.

El costo de la consulta, concluyó, “es mayor al destinado durante este año a áreas sensibles como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; el Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio, y el recurso para la Prevención, Atención y Acceso a la Justicia para Mujeres, Adolecentes y Niñas en Situación de Violencia”.

Al concluir con su intervención, la legisladora enfatizó que sería un grave riesgo que podría desestabilizar económicamente a Jalisco, continuar con estas estrategias debido a que la entidad está padeciendo un desgobierno y no hay forma de sostener las finanzas públicas del Estado solamente con recursos propios.

“Es casi un 90% la dependencia que tiene Jalisco respecto a los recursos federales y tendría que recurrir a mecanismos inconstitucionales”; y abundó: “Las y los legisladores de MORENA no callaremos ante intentonas del ejecutivo estatal de promover, mediante la distorsión de la realidad, una postura individualista y de fomento del odio entre las y los mexicanos pues no sólo es una visión corta que no corresponde a un jefe de estado, sino que contraviene el espíritu de la federación mexicana y de la Carta Magna, lo que nosotros las legisladoras y legisladores de MORENA por Jalisco defenderemos a toda costa”.

Urgente fortalecer el Código Penal Federal para prevenir y erradicar la “revictimización” de las mujeres

* Sólo cuatro de 32 entidades, han legislado en la materia: Colima, Oaxaca, Ciudad de México y el Estado de México; impostergable terminar con filtración y difusión de datos e imágenes de víctimas de feminicidio o violencia
* Necesario adicionar el artículo 225 Bis del Código Penal Federal con penas de seis a 10 años de prisión e incrementar la sanción un 50 por ciento, cuando las víctimas son mujeres, adolescentes o niñas
* En México, 5 de cada 10 feminicidios quedan impunes; 2 mil 180 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2021
Redacción

Laura Imelda Pérez Segura, Diputada Federal por MORENA, urgió a discutir y, en su caso, aprobar la adición propuesta de un Artículo 225 Bis al Código Penal Federal, a fin de prevenir y erradicar la “revictimización” de quienes sufren violencia física o sexual en todo el territorio nacional.

Dijo que, si bien hay un avance en la legislación local de cuatro de 32 entidades del país, aún falta mucho por hacer para contar, en todo México, con una norma que desaliente o sancione a quien o quienes expongan -por cualquier medio- imágenes, audios, videos, documentos o información de víctimas de este tipo de vejaciones, de cadáveres o de las circunstancias de la muerte.

Entre 2020 y 2021, precisó que, solamente los Congresos de Colima, Oaxaca, Ciudad de México y el Estado de México, actualizaron su norma penal para combatir la “revictimización”, pero nada se ha hecho a nivel federal para atender el problema.

La legisladora recordó que hay iniciativas inscritas, pero siguen pendientes de ser analizadas en comisiones de la Cámara de Diputados, con la finalidad de ser turnadas al pleno para su discusión, aprobación e inmediata entrada en vigor.

Laura Imelda Pérez Segura, representante popular por el Distrito 16 con cabecera en San Pedro Tlaquepaque, consideró que “la violencia contra la mujer debe atenderse desde la política pública, a fin de prevenirla y erradicarla; por otro lado, es inminente la necesidad de un esquema de procuración de justicia con perspectiva de género que evite que la impunidad prevalezca”.

En este sentido, señaló que los esfuerzos de algunas autoridades estatales han tenido frutos, como es el caso de la Ciudad de México, donde derivado de la implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se ha reducido el delito de feminicidio, en 25 por ciento del 2018 al 2021.

Sin embargo, es necesario conjuntar esfuerzos y desde el Poder Legislativo contribuir con leyes y disposiciones que permitan fortalecer la procuración de justicia en esta materia.

“En México -agregó- sólo cinco de cada 10 feminicidios son castigados, como evidencia el Estudio de Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio en México, de 2019”.

Información del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dimensiona este problema: “2 mil 180 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2021, de las cuales mil 616 fueron víctimas de homicidio doloso y 564 de feminicidio. Lo que se traduce en más de 10 mujeres asesinadas al día y la tendencia histórica nacional refleja un aumento sustantivo”.

“La revictimización”, atajó la diputada federal, es una de las causas por las cuales el Estado mexicano presenta una ineficacia en la implementación de procesos judiciales que garanticen el acceso a la justicia de las mujeres.

Una forma en que la “revictimización” se manifiesta es a través de la filtración y difusión de imágenes sensibles de mujeres asesinadas por parte de funcionarios públicos o personas que dañan el debido proceso y atentan contra la dignidad, intimidad e identidad de la víctima, denunció al recordar el caso de Ingrid Escamilla Vargas, en febrero de 2020.

Es por ello, consideró, la urgencia de que la Cámara de Diputados retome las iniciativas presentadas para adicionar el artículo 225 Bis al Código Penal Federal.

Recordó que hay varias iniciativas propuestas, pero la que ella inscribió plantea una pena de seis a 10 años de prisión y una multa de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización, al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, fotografíe, videograve, audiograve, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios o evidencia de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, de cadáveres o parte de ellos o de las circunstancias de la muerte.

Además, las sanciones previstas en el párrafo anterior se incrementen hasta en un 50 por ciento cuando se trate de casos de mujeres, adolescentes o niñas.

La legisladora de Tlaquepaque, Jalisco, refrendó así su compromiso para impulsar acciones legislativas en defensa y salvaguarda de los derechos de quienes integren grupos históricamente vulnerados, como las mujeres y las y los menores de edad, sin menoscabo de su origen, condición económica o social.